En pleno domingo de ramos, la municipalidad de Ventanilla incautó 5 toneladas de bonito en pésimas condiciones de salubridad y 12 300 conservas de pescado en una fábrica clandestina ubicada en la zona industrial del distrito, evitando así su comercialización en la población que podría haber sufrido severos daños en su salud de haber sido consumidos durante los días de Semana Santa.
El cierre de la fábrica, realizada de manera conjunta por personal de Fiscalización del distrito, Serenazgo, la policía fiscal, Sanidad Pesquera (SANIPES) y Ministerio de la Producción, se realizó debido a que el local no contaba con autorización municipal, ni licencia de funcionamiento, ni mucho menos para elaborar alimentos a base de pescado.
“Este es resultado de un trabajo de seguimiento que hemos realizado desde hace un año de manera conjunta con otras instituciones que nos ha permitido ingresar a este local donde se elaboraban productos que no solo se comercializaban dentro del distrito, sino que se repartían en todo el país y sin etiqueta, lo que no garantizaba un adecuado proceso de elaboración”, explicó Juan Carlos Leonard, Gerente Control Urbano y Fiscalización de la MDV.
En el lugar se halló pescado acumulado sobre bandejas de metal expuestas al aire libre en medio de moscas y roedores, parrillas con bonito en pésimas condiciones de higiene, así como cajas llenas de conservas sin etiqueta que estaban listas para ser comercializadas en mercados y diferentes establecimientos durante los días de Semana Santa.
“Este es un operativo de un establecimiento clandestino de procesamiento de conserva de pescado. Los operarios trabajaban en condiciones sanitarias inadecuadas para la elaboración de este tipo de productos sin tener en cuenta las normas de salubridad”, sostuvo el Ing. Rodolfo Mamani Valenzuela del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera.
Durante el operativo 10 trabajadores, que se encontraban en el lugar, fueron puestos a disposición a las autoridades correspondientes para las indagaciones de ley. Los propietarios y trabajadores serán denunciados por incurrir en el delito contra la salud pública que conlleva penas de hasta 15 años de prisión.
