Viernes, 19 de Abril del 2024 
Perú pierde al año unos 3,000 millones de dólares por Corrupción, según estimaciones oficiales, de los cuales sólo se detectan unos 900 millones en medio de una falta de liderazgo del gobierno para combatir ese problema, reveló a la Agence France-Presse el contralor general de la República, Fuad Khoury Zarzar. Consideró que enfrentar a la corrupción es el problema más importante del país, un cáncer que afecta a todas las instituciones. “Es tan grande que ya no puedes soslayarla”.
“Hasta la fecha, ni este gobierno (del presidente Ollanta Humala Tasso) ni los anteriores asumieron el liderazgo de la lucha contra la corrupción, porque no han tenido el olfato de un líder de una corporación exitosa”, dijo el funcionario. Khoury sostuvo que durante su gestión de siete años y que culmina el próximo mayo, se logró estimar que “Perú pierde por corrupción anualmente 10,000 millones de soles (unos 3,000 millones de dólares) y lo que ha logrado detectar la Contraloría es tres mil millones de soles (unos 900 millones de dólares)”.
Esta situación hace que los peruanos se acostumbren a hablar de corrupción y de robo como si fuera parte de su vida. “Que robe pero que haga obras”, es una expresión común en período electoral. Hace unas semanas, el congresista del Partido Aprista, Mauricio Mulder Bedoya, cuyo líder Alan García Pérez fue dos veces presidente (1985-1990, 2006-2011) y es candidato para un tercer mandato, admitió en una entrevista que en las gestiones de García Pérez “sí (se robó), no lo hemos negado, la corrupción ha estado presente en todos los gobiernos”.
La Contraloría General de la República denunció penalmente a 13,000 funcionarios por corrupción para recuperar el dinero perdido; entre ellos se encuentran tres exministros del actual gobierno y 11 gobernadores regionales, aunque Khoury Zarzar no precisó identidades. “Pese a presentar la documentación sobre irregularidades en la gestión de los tres exministros, la Fiscalía hasta el momento no presenta denuncia penal. En igual situación están los gobernadores regionales acusados”, se lamentó.
Del total de los denunciados y pese a la abundancia de pruebas, solo se han sentenciado a 700 personas con penas menores a cuatro años, lo que no requiere prisión efectiva sino el cumplimiento de una serie de normas, como firmar cada mes o no salir del país. “Sólo 60 funcionarios están presos. No existe voluntad de los jueces para sancionar, tampoco de los congresistas para investigar esos casos”, dijo. Hubo una propuesta para elevar a 20 años las penas para funcionarios corruptos, pero no se aprobó en el Congreso, recuerda Fuad Khoury.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) del ente regulador bancario en Perú (SBS), Sergio Espinosa Chiroque, dijo en noviembre a la Agence France-Presse que el Congreso de la República no ha aprobado proyectos para levantar el secreto bancario de investigados por corrupción, pese a que organismos internacionales señalan que en Perú se estaría lavando dinero equivalente a entre el 3% y el 5% del producto interior bruto (PIB) anual.
En los municipios está enquistado el diezmo, es decir, toda obra que se realiza tiene que pagar el diez por ciento del presupuesto a las autoridades. “El diezmo se ha extendido en las obras del Estado como si fuera un reglamento, una orden, en la que participa el corruptor y el que quiere al Estado como un botín”. “A mitad de mi gestión me dijeron que ya no era un diezmo, sino 15 por ciento, y ahora hablan que la coima puede pasar el 20 o 30 por ciento”, precisó Khoury Zarzar.
El nuevo gobierno y Congreso deben apoyar con leyes la labor de la Contraloría General de la República para enfrentar a la corrupción, de lo contrario “nos vamos a mantener en el subdesarrollo por siempre, vamos a tener los niveles más bajos de pobreza, se incrementará la informalidad, aumentará el narcotráfico y Perú se convertirá en un país difícil de manejar”, dijo el contralor.
Además de voluntad política, el contralor Khoury Zarzar considera que se necesita una legislación integrada contra la corrupción, gestión pública eficiente, un sector privado decidido, simplificación administrativa, mayor transparencia y mayores sanciones penales. “Tenemos que aplicar un modelo radical para combatir a los corruptos porque son traidores a la patria”, señaló.
