Lima, oct. 16. Una Unidad Especializada de la Policía, integrada por efectivos que pasaron por un estricto procesión de selección que incluyó examen toxicológico y prueba del bolígrafo, se encargará del procedimiento de localización y geolocalización de celulares utilizados en casos de extorsión, secuestro, homicidio calificado y otros delitos.
Así lo informó hoy el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, quien junto al director general de la Policía Nacional, Vicente Romero Fernández, y altos directivos de las cuatro empresas operadoras de telecomunicaciones firmaron el Protocolo que guiará el procedimiento de localización y geolocalización.
El Protocolo de Acceso a los datos de Localización o Geolocalización de Teléfonos Móviles o Dispositivos Electrónicos de Similar Naturaleza contiene cada una de las etapas y actividades que finalmente permitirán la ubicación, identificación y captura de los autores de los delitos denunciados.
Esta herramienta fue elaborada por la Policía Nacional en coordinación con las empresas de telefonía, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1182, dado en el marco de la delegación de facultades legislativas del Congreso al Ejecutivo.
Capacitación
Todos los miembros de la Unidad Especializada recibirán un Curso de Capacitación en Localización y Geolocalización a cargo de las empresas concesionarias, del ministerios del Interior y de la Policía Nacional. En una primera etapa, se capacitará a 50 efectivos de la citada unidad y luego a 200 miembros de las unidades de investigación policial a nivel nacional.
Los policías que integran la Unidad Especializada fueron sometidos a entrevista personal y pasaron por examen psicológico. Además, para esta selección se tomó en cuenta que estos efectivos posean conocimientos en tecnologías de información y no tengan sanciones por falta grave.
No es interceptación
El ministro Pérez Guadalupe remarcó que el Decreto Supremo 1182 es claro en señalar que este procedimiento “está referido estrictamente a los datos de localización o geolocalización y se excluye expresamente cualquier tipo de intervención de las telecomunicaciones”.
Es decir, de ninguna manera se accede al contenido de los mensajes; solamente se podrá obtener datos referidos a la ubicación del teléfono celular, a través de coordenadas.
Entre los delitos que son materia de localización o geolocalización, se encuentran extorsión, secuestro, homicidio calificado, feminicidio, violación sexual, hurto o robo agravado, tráfico ilícito de drogas y trata de personas.
Transparencia
La Inspectoría del Sector Interior y la Inspectoría de la PNP realizarán auditorías operativas relacionadas con el cumplimiento del presente procedimiento. Al mismo tiempo la Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI), velará por el adecuado cumplimiento de lo dispuesto por el referido decreto legislativo.
Son pasibles de sanción administrativa, civil y penal, por el uso indebido de los datos de geolocalización: los denunciantes o el personal policial que realicen actos de simulación de hechos conducentes a la aplicación de la geolocalización; los que valiéndose de su oficio, posición, jerarquía o cargo, induzcan, orienten o interfieran de algún modo en el procedimiento, y los concesionarios de servicios de telecomunicaciones así como todos los que participan en este proceso que no guarden la reserva correspondiente.
