Procurador anticorrupción: Martín Belaunde no califica para refugio y debe ser expulsado
Publicado el 03/01/15
Lima, ene. 03. Al prófugo empresario Martín Belaunde Lossio no le corresponde refugio en Bolivia, debido a las imputaciones que enfrenta ante la justicia peruana, y por consiguiente debe ser expulsado, sostuvo hoy el procurador anticorrupción, Joel Segura.
Según explicó a la Agencia Andina, Belaunde tiene varios procesos de investigación y una orden de prisión preventiva por el caso “la centralita”, y bajo esos términos no es posible que haya persecución política para calificar como refugiado.
El abogado del Estado recordó que dicha figura solo se aplica en casos de persecución política, o por motivos de religión o nacionalidad, entre otros, lo que no coincide en absoluto con la situación que pesa sobre el prófugo empresario.
“Bajo esa premisa no califica, y esperamos que no se le dé el refugio que ha solicitado en Bolivia (…) A este señor no le ampara ninguna causal y ninguna razón para ser aceptado como un refugiado”, expresó el procurador Segura.
Sostuvo, además, que en el Perú se sigue el debido proceso a los casos de Belaunde, y afirmó que “todos los cargos están sostenidos en pruebas y que la prisión ordenada está debidamente justificada en una resolución judicial”.
Precisó que toda la información sobre los procesos en torno al empresario fueron comunicados al Ministerio de Justicia y a la Cancillería, y en virtud a ello se pronunciaron a favor de que Bolivia rechace el refugio.
“La Procuraduría tiene la clara la convicción de que debe ser expulsado de Bolivia. El mecanismo de expulsión facilitará que sea devuelto al país para que afronte como debe ser, y bajo el debido proceso, las investigaciones”, dijo.
A su juicio, la expulsión constituye la estrategia más favorable para el Estado, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el principio de reciprocidad con Bolivia luego de que Perú expulsó a algunos funcionarios buscados por La Paz.
Para Segura, la estrategia está caminando bien y es la ruta a agotar antes de recurrir a la extradición como última opción al ser más compleja.
“En la extradición, el Estado debe hacer una tramitación que toma su tiempo, primero debe pronunciarse un juez a pedido de la Procuraduría o Fiscalía, o un juez puede iniciar el proceso de oficio y luego el caso va a la Corte Suprema y se abre un cuaderno, como se hizo con Fujimori”, explicó.
“El obstáculo va por el lado de que cuando pides extradición por uno o dos cargos, el país que recibe el pedido tendría que aceptar solo por ellos, pero si luego se dan más hechos o cargos tendríamos que pedir una ampliación y esperar que sea aceptada, lo cual implica tiempo”, añadió el procurador.
