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Destruyen enclave minero ilegal en las alturas de Puno
18/02/2014 Nacional

Visto a la distancia, el área de Lacca luce desolada. Una vez que se recorre a pie, el panorama es devastador y deprimente. Lo primero que surge a la vista son enormes cráteres de diez metros de profundidad y siete de diámetro que albergan miles de litros de agua turbia espesa, de color beige. El escenario es el resultado de más de 20 años de extracción de oro ilegal realizada con maquinaria pesada. Cada semana informales extraían un kilo de oro, sin pagar impuestos, de este enclave minero ubicado dentro de la comunidad de Puna Ayllu, distrito de Cuyo Cuyo, provincia de Sandia.

Ayer por la madrugada, esta zona fue escenario del segundo operativo de interdicción contra la minería ilegal. El operativo fue ejecutado por más de 800 policías al mando del general en retiro Daniel Urresti, Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de Interdicción de la Minería de la Presidencia del Consejo de Ministros, y de Antonio Fernández Jeri, fiscal superior en Materia Ambiental.

Las acciones de interdicción fueron mucho más agresivas que el primer operativo.

Desde las 4 de la mañana cien efectivos dirigidos por el general PNP Manuel Guillén Haro establecieron un primer cerco de seguridad. A las 7 de la mañana, la primera máquina en ser dinamitada fue un cargador frontal cuyo conductor había fugado momentos antes con el propósito de poner a buen recaudo el resto de su equipo. La máquina literalmente quedó inservible. Cada media hora, el paisaje era sacudido por la detonación de los explosivos que eran colocados dentro de los equipos mineros.

En total se destruyeron diez maquinarias pesadas entre cargadores frontales y retroexcavadoras y más de 50 motobombas, valorizadas en 5 millones de dólares. Se dinamitaron además los puntos de captación de agua.

Los mineros ilegales observaban a la distancia cómo los efectivos destruían todo lo que encontraban a su paso. Cuatro operarios de la máquina pesada fueron apresadas para determinar su identificación y responsabilidad. Los detenidos confesaron a las autoridades que varios equipos habían sido movilizados la noche anterior a sabiendas de una inminente operación policial. Confirmaron además que la zona es motivo de disputa constante entre grupos de mineros por acceder a las zonas no explotadas.

La interdicción duró ocho horas, tiempo suficiente para dejar a Lacca complemente libre de mineros ilegales. Cientos de rústicas cabañas construidas con calamina fueron dinamitadas. Varios de estos ambientes no solo eran estancias temporales sino también pequeños grifos que abastecían con combustible a más de 200 maquinarias.

El Alto Comisionado de la PCM, Daniel Urresti, advirtió que por más armados que se encuentren no permitirán que sigan explotando oro en desmedro del medio ambiente.

“Estos señores se equivocaron si creen que nos amedrentarán porque se agrupan. La determinación del presidente Humala es que no se debe permitir a ningún minero ilegal que siga operando con impunidad. Eso lo vamos hacer cumplir pase lo que pase. Están advertidos. No permitiremos su retorno pase lo que pase. Ya llegaron a ese lugar”, advirtió Urresti.

LOS REYES DEL ORO

La familia Santa María fue la más golpeada, pues durante años su negocio dominó sin fiscalización esta zona. Se le adjudicaba a este grupo familiar ser los responsables de impulsar en la zona protestas y acciones de resistencia para evitar acciones de control. Eran conocidos como los “Reyes” porque nunca fueron controlados.

Las autoridades calculan su fortuna en 15 millones de dólares. Varios de sus miembros aspiran a postular a las próximas elecciones regionales y municipales. Sus trabajadores trataron de amedrentar a los miembros del orden bajo amenaza de disparo para que no destruyan sus equipos.

 Los pobladores consideran que los Santa María son respetados porque suelen resolver sus diferencias con violencia. Piensan que nadie se resiste a sus ofrecimientos económicos.

“Sea quien sea, no nos va temblar la mano para poner un alto porque no se va a permitir que sigan contaminado el medio ambiente”, advirtió Manuel Guillén.

CONCESIONES TOMADAS

En Lacca los mineros operan ilegalmente en concesiones. Los titulares no pueden hacer uso de sus derechos debido a que reciben amenazas. Solo un empresario transfirió su concesión a los comuneros. Poco antes de la interdicción, los demás propietarios estaban dispuestos a negociar con la condición de que se suspendan las actividades extractivas. Los mineros se opusieron.

Ellos quieren que se les ceda el 100 % de sus derechos porque consideran que al ser dueños del terreno superficial, les asiste el derecho de explotar el oro bajo tierra.

Varias mesas de negociaciones se fijaron pero todas fueron saboteadas por los mineros. Daniel Urresti señaló que los operativos de interdicción continuarán los siguientes días en Ancocala, Oriental, entre otros sectores aledaños donde aún los mineros se resisten abandonar su ilegal actividad.

 Reveló que en los próximos meses cerca del pueblo minero de Ananea se instalará una base policial con 600 efectivos que realizarán constantes operativos para erradicar por completo la extracción a los mineros ilegales.

Según el presidente del Gobierno Regional de Puno, Mauricio Rodríguez, los mineros ilegales en el altiplano mueven cerca de millones anuales sin pagar un sol de impuesto.

Los comités de regantes de la zona, afectados por la minería ilegal, expresaron su respaldo a las acciones de interdicción. José Mamani, secretario de la base del distrito de Progreso, provincia de Azángaro, demandó mayor presencia policial porque de lo contrario los mineros volverán a realizar sus operaciones al margen de la ley y contaminando la cuenca del río Ramis.

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