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Instan a jueces de Lambayeque aplicar nueva legislación sobre seguridad ciudadana
02/09/2013 Nacional

Chiclayo, set. 02 . El Poder Judicial y el Ministerio Público deben empezar a aplicar la Ley N° 30076, que establece sanciones duras contra los sicarios juveniles, así como cárcel efectiva contra los reincidentes en robos, demandó el secretario Técnico Regional de Seguridad Ciudadana de Lambayeque, Carlos Balarezo.

Recordó que estas medidas fueron dictadas por el gobierno central para combatir la inseguridad ciudadana y que es justamente Lambayeque una de las regiones más afectadas por este flagelo.

El funcionario recordó que la norma modifica diversos artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal, del Código de Ejecución Penal, del Código de los Niños y Adolescentes. También, crea Registros y Protocolos de coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Publico.

 “Entre otros aspectos, la modernización legal del castigo al crimen establece sanciones drásticas a sicarios y otros delincuentes que antes se amparaban por ser menores de edad para tener beneficios carcelarios y salir en libertad”, aseveró.

Agregó que se establece que las infracciones menores como el “robo al paso” serán sancionados como delito y no como faltas, en los casos de reincidentes o habituales, esto ayudara a disminuir los índices de victimización y percepción de inseguridad de parte de la población, teniendo en cuenta que más del 40 por ciento de los delitos, son robos de menor cuantía, “a partir de la promulgación de esta ley, los que roban celulares y carteras ya no gozaran de impunidad”, acotó Balarezo.

Se penaliza, asimismo, las nuevas modalidades del delito de marcaje, como el acopio o entrega de información, vigilancia o seguimiento o colaboración mediante el uso de armas, vehículos, teléfonos entre otros medios.

El delito se agrava cuando el sujeto es servidor o funcionario público, o con vínculo laboral con la víctima o trabaje en empresas del sistema financiero, entre otros.

La nueva ley determina también penas severas por el delito de robo agravado, oscilando de 20 a 30 años cuando se cause lesiones a la víctima y cadena perpetua cuando se produzca su muerte.

La norma fortalece el rol de la PNP en la persecución del delito, mediante un conjunto de reformas en la fase de investigación, con el fin de fortalecer la acción conjunta con los fiscales.

Otro aspecto relevante, son las nuevas modalidades en materia de inhabilitación contra quienes cometan crímenes.

De esta manera, se declara la incapacidad definitiva para obtener licencia de conducir cualquier tipo de vehículo o para portar armas de fuego, la restricción de elección del derecho de residencia o de aproximarse o comunicarse con las víctimas o de visitar internos en penales.

 Con el fin de mejorar la persecución penal, se sancionará a los abogados que utilicen mecanismos dilatorios y a los fiscales que no cumplan oportunamente con sus deberes funcionales. Igualmente, se establece la valoración de la espontaneidad en la confesión sincera y del peligro de fuga, tomando en cuenta si el imputado forma parte de una organización criminal, entre otras razones.

La ley, fija un nuevo marco sancionatorio de los delitos de usurpación, para proteger la propiedad frente a las invasiones, y sancionar de manera efectiva a quienes, por medio de violencia o clandestinidad, toman posesión ilícita de bienes ajenos.

Por último, Balarezo Mesones, manifestó que propondrá en la próxima reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lambayeque, iniciar acciones de capacitación para que el contenido de las reformas legales sea de conocimiento de la población local, fortaleciendo sus derechos ciudadanos.

Esta actividad deberá realizarse en conjunto entre el Ministerio Público, Poder Judicial, la PNP y el Gobierno Regional de Lambayeque, a través de la Secretaria Técnica Regional de Seguridad Ciudadana.

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