Condenan a cinco años de pena privativa de libertad efectiva por deforestar el Bosque de Protección Alto Mayo

Tras 18 meses en el anonimato, Alcibiades Cancino Silva, fue condenado a 5 años de pena privativa de libertad efectiva y 17 mil nuevos soles de reparación civil a favor del Estado peruano, por haber deforestado 3,7 hectáreas de bosques primarios del sector Yuracyacu, ubicado dentro del Bosque de Protección Alto Mayo-BPAM, jurisdicción del distrito de Nueva Cajamarca, región San Martín. Estos hechos fueron denunciados por la jefatura Área Natural Protegida-ANP en el año 2010.

Desde el pasado fin de semana el denunciado se encontraba a disposición de las autoridades y este lunes 10 se desarrolló la audiencia en el Juzgado Unipersonal de Nueva Cajamarca, dirigido por la Jueza Dra. María Carrillo Espichan. En esta  audiencia la Dra. Ana Tiravanti Martínez, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Moyobamba, demostró con una intervención muy contundente, basado en los informes técnicos del SERNANP y de la Autoridad Local del Agua, los daños ocasionados a las formaciones boscosas y fuentes de agua del sector de la cuenca alta del río Yuracyacu, los mismos que se ubican al interior del Bosque de Protección Alto Mayo, comprobándose de esta manera el delito contra los bosques y formaciones boscosas. El abogado de la defensa, Manuel Alva, entre otros alegatos expuso que su defendido no conocía que se trataba de un Área Natural Protegida, sin embargo la Jueza Carrillo, desestimó dicho argumento de defensa, toda vez que el propio acusado reconoció que ha trabajado dentro del BPAM desde hace 15 años.

Como es de conocimiento, el río Yuracyacu nace en el BPAM y es la principal fuente de agua para  más de 30,000 habitantes; es aprovechada para consumo humano, irrigación de aprox. 10, 000 ha. de cultivos agrícolas, usos industriales y otros de las localidades de Nueva Cajamarca y San Fernando. De allí la importancia que tiene el BPAM por conservar y brindar servicios ambientales hídricos indispensables para el desarrollo sostenible local y regional.

De esta manera, pasa a ser uno de los primeros casos con pena efectiva a nivel de las Áreas Naturales Protegidas de la región San Martín y el caso marca un importante precedente en la justicia ambiental respecto de los delitos cometidos contra el medio ambiente y los recursos naturales.