Martes, 16 de Abril del 2024 
Lima, jul. 31 . La Procuraduría Anticorrupción investiga los ingresos y los bienes del expresidente Alberto Fujimori para que pague la reparación civil de 27 millones de soles en favor del Estado, por los delitos de corrupción cometidos, informó el titular de la institución, Julio Arbizu.
“Estamos haciendo una serie de investigaciones, en las medida de nuestras posibilidades, viendo cuáles son efectivamente los ingresos, si es que hay bienes de esta persona (Fujimori). No nos vamos a conformar con que su familia diga que no hay forma de pagar”, dijo.
Argumentó que el exmandatario, sentenciado a 25 años de cárcel por delitos de corrupción y de lesa humanidad, es un deudor más, y un deudor importante porque defraudó la confianza depositada en él a través del voto ciudadano.
El procurador descartó que exista algún tipo de persecución contra Alberto Fujimori, y aseguró que todos los condenados por corrupción también deberán responder por ese concepto.
Arbizu dio respuesta así a las declaraciones de Keiko Fujimori, quien reiteró que su padre no tiene bienes ni cuentas. Días atrás, la exprimera dama sostuvo también que el aparato del Estado no puede ser un “brazo político perseguidor”.
El titular de la Procuraduría detalló que han solicitado información a diversas instituciones, y esperan recibir datos complementarios en torno a la existencia o no de un fondo pensionario de Fujimori.
“Nosotros hemos solicitado información a diversas instituciones en ese sentido, para ver si esta persona tenía o tiene ingresos por concepto de pensión (…) No tenemos el detalle de si esto se está acumulando en un fondo (…), o si aquí hubo un corte de la pensión e imposibilidad de pago en el futuro”, precisó.
Si fuera el primer caso, refirió que debería solicitarse que ese fondo vaya directamente al Estado.
Con respecto a los bienes de la exesposa de Fujimori, Susana Higuchi, reiteró que la Procuraduría no solicitará su embargo ni tipo alguno de afectación.
“Yo aprovecho la oportunidad para ratificar lo que en algún momento dije: contra la señora Susana Higuchi no vamos a ir. Si ella sostiene que, efectivamente, ha vendido los predios, entonces estos no son de su propiedad”, subrayó en Ideele Radio.
Precisó que la Procuraduría Anticorrupción no está facultada para embargar bienes de los procesados. Anotó que su entidad solicita al Poder Judicial la aplicación de dicha medida si se evidencia la existencia de posesiones por parte de los condenados.
De otro lado, Arbizu consideró que la inhabilitación perpetua no solo debe ser aprobada para impedir que los corruptos retornen a la administración pública, sino también para evitar la infiltración de terroristas, o para imposibilitar que pederastas y violadores de menores regresen al magisterio.
“En el caso de los delitos graves, no hay que permitir que las personas que cometieron este tipo de delitos vuelvan, precisamente, a los espacios en donde los cometieron. Es absurdo. Yo espero también que esto se aplique a los pederastas, a los violadores de niños, para que tampoco puedan acceder a la carrera magisterial”, anotó.
