Punto aparte a los maltratos. La creación del Registro Único de Agresores Domésticos como un mecanismo que contribuya a reducir los índices de violencia familiar, planteó por unanimidad la Comisión Especial Revisora de la Ley 26260 de Protección frente a la Violencia Familiar.

La segunda vicepresidenta del Congreso de la República y miembro de este grupo de trabajo, Alda Lazo, sostuvo al respecto que este registro será similar al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) que administra el Poder Judicial y que permite conocer a los padres de familia que incumplen sus obligaciones con sus hijos.

“Será una forma de dar una sanción pública más allá de la ley y para que aquellos que tienen esa costumbre piensen dos veces antes de golpear física o de manera sicológica a algún miembro de su familia”, dijo.

Adelantó que la Nueva Ley Integral contra la Violencia Familiar, que perfecciona y amplía algunos artículos de la Ley 26260, considera la violencia familiar como un delito y no como una falta como lo es hasta ahora.

“Los agresores que figuren en el referido registro no podrán laborar en trabajos que tengan que ver con la seguridad pública o privada porque carecen de condiciones psicológicas y son proclives a la violencia. Asimismo, estarán impedidos de comprar, usar o tener posesión de armas”, subrayó.