Directivos y socios de la Asociación Mutualista Sanitaria del Perú (AMSP), encabezados por su representante Ángel Valdivia Concha, solicitaron al presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, poner orden en algunos juzgados de Lima, pues con sus fallos parcializados vienen afectando el desarrollo institucional interno y económico en perjuicio de 70 mil asociados.

Ángel Alberto Valdivia Concha, presidente de la AMSP, dijo que en menos de dos años tres dirigencias han sido impuestas por los jueces bajo la denominación de ‘administraciones judiciales’, que es una forma de corrupción al entrometerse en las organizaciones, sin respetar los estatutos internos ni la libre decisión de sus asociados.
Sostuvo que en su institución han intervenido magistrados de los Juzgados Mixtos de Villa El Salvador (Dr. Juan Gutiérrez Rodríguez) y Huaycán (Dr. Eskhol Oyarce Moncayo) colocando ‘administradores judiciales’, sin tener jurisdicción para ello, por lo que fueron denunciados ante el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) y sus fallos anulados.

El directivo mutualista señaló que no sólo hay injerencias judiciales sospechosas en la AMSP sino también jueces de vacaciones que desconocen las Resoluciones de sus propios juzgados titulares como es el caso de los magistrados Juan Palomino Lázaro (12 Juzgado Civil de Lima) y Otto Egúsquiza, Doris Céspedes y Luis Alberto Carrasco (I Sala Especial en lo Contencioso Administrativo, quienes favorecieron con fallos sospechosos al socio Marcelino Osorio.
Valdivia Concha expresó que la dirigencia que él representa fue elegida democráticamente y su prórroga y modificación de estatutos AMSP inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) por decisión de sendas Resoluciones del 12 Juzgado Civil y I Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, los mismos que pretenden ser desconocidos por los magistrados citados anteriormente, por lo que también han sido quejados ante la OCMA.

Finalmente el directivo de la AMSP hizo un llamado a todas las autoridades de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial a cerrar filas en contra de la corrupción imperante en algunas instituciones, ello, como forma de recuperar la fe en la justicia, sin la cual es imposible construir instituciones sólidas o proporcionar seguridad jurídica a nuestro país, concluyó.